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La Justicia deniega la medida cautelar que solicitaba APASOS para volver al Centro de Protección Animal

El auto desmonta las denuncias de la asociación y avala que “los animales albergados en el CPA están adecuadamente atendidos” y “no existen perjuicios irreparables” ya que el Ayuntamiento realiza las actividades con refuerzos y recursos propios y personal cualificado.

 

 

El Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo acaba de dictar un auto por el que deniega la medida cautelar solicitada por la asociación APASOS, que en fechas recientes vertía una serie de denuncias graves contra la gestión del centro de protección animal (CPA). El auto fechado ayer mismo desmonta una a una esas denuncias de la asociación y avala que “los animales albergados en el CPA están adecuadamente atendidos y “no existen perjuicios irreparables” ya que el Ayuntamiento realiza las actividades con refuerzos y recursos propios y personal cualificado.

Por auto de 6 de agosto se concedió a APASOS la medida cautelar (sin haber escuchado todavía al Ayuntamiento), pero una vez el Juez ha recibido las alegaciones y el Informe de los técnicos municipales ha decidido por Auto de 12 de agosto denegar la medida cautelar solicitada por la asociación, lo que supone que el Ayuntamiento seguirá gestionando el CPA con sus propios medios humanos y económicos y la colaboración de otras asociaciones y voluntariado.

En el documento se recuerda que “el CPA es gestionado de forma directa con personal municipal. Lleva 36 años desarrollando esta labor desde que se creó en el año 1985 e incorporando las mejoras necesarias para adaptarse a las nuevas necesidades y demandas sociales”. El escrito avala también que el CPA “dispone de instalaciones y medios materiales y personales adecuados a la normativa vigente” y “cumple los requisitos necesarios de bienestar animal.

El escrito también recuerda que, para el ejercicio de sus competencias, el centro “presta sus servicios con personal funcionario, cuyas cualificaciones técnicas, competencias, funciones, tareas y selección se determinan y realizan según normativa y procedimientos establecidos y en todo caso en base a principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica. Asimismo, y para actuaciones complementarias -no esenciales- el centro cuenta y ha contado en el pasado con la colaboración de diversas entidades asociativas (no sólo de la recurrente) y voluntariado no asociado”.

El auto refleja que actualmente el CPA dispone de “personal propio cualificado, formado y con amplia experiencia en ámbito animal, siendo el personal adscrito el suficiente para la prestación del servicio y “se asegura la continuidad de la atención a los animales con refuerzos y sustituciones del personal veterinario y ayudantes de veterinaria en sus periodos vacacionales e incapacidades temporales”.

En todo caso, el escrito del juzgado recoge como uno de los razonamientos jurídicos que “a raíz de la suspensión de colaboración con la asociación APASOS, el Ayuntamiento ha asumido con recursos propios las actividades conveniadas, realizándose por tanto las mismas con personal cualificado municipal y reforzándose con nuevas contrataciones de personal”.

En cuanto al programa de casas de acogida temporales en el que se basaba la asociación para solicitar su regreso al centro, el escrito destaca que “tales programas llevan en marcha en el CPA desde hace más de 10 años”.

 

 

 

 

 

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El Ayuntamiento de Vitoria propone que las personas penadas realicen “refuerzos puntuales” en trabajos como “la limpieza de nevadas o ríos”, a partir del próximo curso

El Consistorio incrementará el número de plazas para estos Trabajos en Beneficio de la Comunidad

Vitoria va a formalizar esta colaboración con la Administración de Justicia mediante la firma de dos convenios el próximo 19 de julio

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se adherirá el próximo viernes 19 de julio a dos convenios (uno del 2007 con Gobierno Vasco y Eudel, y otro del 2010 en el que además de estos dos entes también está el Ministerio del Interior), para formalizar su compromiso en la colaboración con la Administración de Justicia en la gestión de Trabajos en Beneficio de la Comunidad. Para eso, el gabinete Maroto ha decidido incrementar el número de plazas que el Consistorio oferta para Trabajos en Beneficio de la Comunidad, una pena que contempla el actual Código Penal. El Gobierno municipal propone en concreto que las personas penadas puedan realizar a partir del próximo curso, “refuerzos puntuales” en ámbitos como la “limpieza de nevadas o ríos”, el “control de accesos a eventos de ciudad” (como maratones), las “campañas de sensibilización” (por ejemplo, la recientemente desarrollada por Policía Local en las calles de tráfico calmado), o el “servicio de mantenimiento”, según ha anunciado esta mañana la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Vitoria, Ainhoa Domaica.

“El objetivo es colaborar con la Administración e Justicia para que ningún condenado quede sin cumplir condena a través de la oferta de plazas que realizará el Ayuntamiento en diferentes áreas municipales, y que supondrá un indudable beneficio para la sociedad vitoriana. En el campo de las nevadas, por ejemplo, es perfectamente encajable”, ha destacado Domaica. En este sentido, la concejala ha recordado que el grupo parlamentario popular vasco ha instado al Ejecutivo de Lakua al desarrollo reglamentario pertinente para que las personas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) puedan prestar apoyo en capítulos de nevadas.

En el contexto de los Trabajos en Beneficio a la Comunidad, el Ayuntamiento de Vitoria trabaja ahora en determinar tanto un número de plazas en los cinco nichos enumerados por Domaica como en establecer un posible calendario, es decir en una propuesta concreta que el Consistorio presentará al Gobierno vasco tras el verano.

Hasta ahora, Vitoria ofrece Trabajos en Beneficio de la Comunidad a adultos, a través del Centro de Protección Animal, y a menores, mediante la Oficina de Atención Joven. En lo que llevamos de año, 23 adultos y 7 menores han realizado estos Trabajos en el Ayuntamiento de Vitoria.

Administraciones Públicas y entidades sociales colaboran en la oferta de Trabajos en Beneficio de la Comunidad, si bien el Ayuntamiento no está obligado a realizar dicha oferta. En Álava, a fecha de 31 de diciembre del 2012, 780 personas fueron condenas por Trabajos en Beneficio a la Comunidad. 780 sentencias de las que más de la mitad (404) corresponden a delitos contra la seguridad vial, y de las que aún quedan (a fecha de diciembre del 2012) 196 casos pendientes de encajar en estos Trabajos. “Con estos datos, la colaboración del Ayuntamiento deber ser reforzada”, ha explicado Domaica.

Qué son los Trabajos en Beneficio de la Comunidad

Los Trabajos en Beneficio de la Comunidad constituyen una pena recogida en el actual Código Penal, contemplada para delitos menos graves (“nunca graves”, ha matizado la edil) y faltas. En algunos casos, los Trabajos en Beneficio de la Comunidad pueden constituir la pena principal; en otros, pueden acompañar a otras penas; y en algunas ocasiones, pueden ser sustitutivos de  multa económica o prisión de máximo un año. “El objetivo de esta pena es la reinserción con carácter más social”, ha dicho la concejala de Vitoria.

En concreto, los tipos delictivos en los que se centran estos Trabajos son: Artículo. 153 Violencia de género; art. 151 Violencia doméstica; art. 244 Hurto de uso de vehículo a motor; art. 379 Delitos contra la seguridad del tráfico; art. 618.2 Incumplimiento de obligaciones familiares; art. 620 amenazas, coacciones, injurias y vejaciones; art. 626 Deterioro de mobiliario público; y art. 632 Faltas relativas al medio ambiente.

Durante el anuncio hecho esta mañana por Ainhoa Domaica, la concejala ha explicado que la gestión y el control de estos Trabajos en Beneficio de la Comunidad recalará en el departamento municipal de Función Pública, ya que estas personas son dadas de alta en la Seguridad Social aunque no perciben contraprestación económica pues desarrollan estos trabajos en cumplimiento de una pena.

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